El fraude alimentario apunta a la ganancia económica. Es un engaño intencionado que utiliza los alimentos para obtener beneficios económicos, ya sea sustituyendo, añadiendo, diluyendo, manipulando o etiquetando indebidamente los alimentos, y que incluye también las declaraciones falsas o engañosas sobre un producto.
No es un delito nuevo, sin embargo a medida que la cadena alimentaria se ha ido volviendo más compleja y global, hemos ido viendo la aparición de actos fraudulentos sin precedentes que impactan sobre la integridad y la seguridad de la cadena de suministro de alimentos a nivel global.
Por lo que progresivamente organismos reguladores de la industria alimentaria han impulsado la introducción dentro de los sistemas de seguridad alimentaria, como IFS o BRC, requisitos para reducir la vulnerabilidad de las empresas frente al fraude alimentario.
El principio básico contra el fraude alimentario es adoptar medidas para minimizar la vulnerabilidad de la empresa frente al fraude, mediante la reducción de las oportunidades para los infractores. El objetivo no es detectar reactivamente un producto fraudulento, sino tener sistemas proactivos que eviten que el producto se exponga a la adulteración antes de que esto suceda.
Es decir, las organizaciones necesitan tener un procedimiento de evaluación de la vulnerabilidad al fraude alimentario y aplicar medidas para mitigar las vulnerabilidades identificadas.